Reseña
Los casos de estudio están situados en diversas regiones de Michoacán, México, pues tal estado ha sido escenario del inicio de la política de militarización interna conocida como 'guerra contra el narcotráfico', el asentamiento de grupos criminales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, y el levantamiento de autodefensas.
Desde mi punto de vista, hay dos cuestiones que hacen del libro un aporte invaluable a los trabajos académicos que se sitúan en la intersección entre la sociología de la violencia y la sociología de la acción colectiva y los movimientos sociales. En primer lugar, la apuesta por el método etnográfico permite a las y los autores no solo recabar información empírica densa, sino también cuestionar, desde las especificidades locales, las narrativas hegemónicas y dicotomías conceptuales sobre la (i)legalidad, la legitimidad y la participación política. En segundo lugar, el interés por observar la heterogeneidad abre la posibilidad de reconocer tanto la multidimensionalidad de la violencia (criminal, social, institucional, de género, etcétera) y su relación con la precarización, desigualdad e impunidad de los contextos analizados, como la pluralidad de las estrategias y recursos movilizados por las distintas respuestas societales.
En el primer capítulo, Salvador Maldonado e Iran Guerrero se interesan por la manera en que colectivos de personas desaparecidas, contra la violencia e identidad de género radicados en la ciudad de Morelia hacen uso del derecho y la retórica de los derechos humanos para enmarcar sus reivindicaciones. Bajo el concepto de «activismo sociolegal» analizan la experiencia de diversas organizaciones constituidas en un contexto de imbricación y complementariedad de la violencia delincuencial e institucional. Los autores encuentran que, allende las adversidades, los colectivos han logrado importantes avances, por ejemplo, la promulgación de leyes, la formalización de canales de comunicación con instancias gubernamentales y el establecimiento de contrapesos en las decisiones públicas. A pesar de los avances formales, señalan Maldonado y Guerrero, las negociaciones y rutinas de la burocracia estatal obstaculizan el acceso a la justicia, pues "retrasan, incumplen o nulifican las iniciativas y demandas de las organizaciones civiles" (p. 34).
El segundo capítulo, escrito por Irene Álvarez, Denisse Román y Trevor Stack, problematiza el papel de los consejos locales de seguridad en la construcción de confianza en entornos de criminalidad y conflicto armado donde prevalece un escepticismo frente a la capacidad de las instituciones estatales para proveer seguridad y bienestar. Las autoras toman como referentes empíricos la Mesa de Seguridad y Justicia de Zamora , el Concejo Popular de Chinicuila y el Consejo de Seguridad Municipal de Tancítaro . Después de comparar las formas de participación e interacción entre funcionarios públicos y otros actores (empresarios, académicos, clérigos, policías, autodefensas y representantes de localidades) concluyen que la confianza logra restablecerse cuando los consejos promueven una gestión local de la seguridad.
Edgar Guerra y Ariadna Sánchez estudian, en el tercer capítulo del volumen, los activismos culturales de Ciudad Lázaro Cárdenas y Apatzingán. La conjetura que vertebra la pesquisa es que más allá de los objetivos específicos, ciertas organizaciones locales colocan al arte y la cultura como "alternativa social a la atmósfera de violencia y criminalidad" (p. 89). Si bien hay diferencias sustantivas en las nociones de «arte» y «cultura» que movilizan, en las rutas y modalidades de activación, y en los objetivos políticos, lo cierto es que, todas las expresiones estudiadas recurren al arte como un repertorio colectivo que les permite delimitar causas, posicionarse políticamente, generar recursos y adquirir influencia. Guerra y Sánchez identifican 'rendimientos sociales' compartidos por centros culturales independientes, colectivos, proyectos individuales y organizaciones de la sociedad civil, particularmente la construcción de un campo que aspira a cambiar las formas de vinculación comunitaria con base en dinámicas de aprendizaje y politización.
En el cuarto capítulo, Catherine Whittaker ofrece un análisis de género sobre los activismos michoacanos. La autora plantea que, para comprender los factores que limitan la participación política de las mujeres en colectivos en contra de la inseguridad, hay que tener en cuenta tanto la amalgama entre la violencia criminal y la violencia de género como la lógica de roles tradicionales, las amenazas y la discriminación contra las mujeres que persisten aun en el terreno del activismo. En este contexto, destaca el trabajo de Uarhí Medicina , Vivas nos Queremos y Humanas sin Violencia , organizaciones conceptualizadas como «espacios de género» que tratan de "romper con las expectativas comunes respecto a la feminidad, mientras apuntan específicamente a promover los derechos de las mujeres" (p. 138).
El quinto capítulo, contribución de Trevor Stack, analiza la intervención de una institución no estatal cuya autoridad moral y política, infraestructura y capital social le permite incidir práctica y discursivamente en Michoacán, a saber, la Iglesia católica. El autor identifica seis tipos de iniciativas eclesiales: denuncias públicas sobre la problemática de violencia criminal, acompañamiento a víctimas, participación en foros de la sociedad civil, formación y desarrollo de organizaciones, proyectos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, diseño de instituciones estatales e intervenciones menos públicas (por ejemplo, reuniones con autoridades y esfuerzos de mediación con integrantes de grupos criminales). Algunos límites de tales prácticas son el temor, la falta de recursos financieros, la desconfianza hacia las instituciones y la renuencia del propio clero.
En el sexto y último capítulo, Irene Álvarez, Denisse Román y Sasha Jesperson abordan la cuestión de la legitimidad "en escenarios donde la cooptación de los medios violentos es debatida" (p. 178). Las autoras analizan las experiencias de Costa-Sierra y Tancítaro, regiones con fuerte presencia de grupos de autodefensas quienes ocupan un papel central en la gestión local de la seguridad. Dichos casos sirven para examinar dos aspectos fundamentales, en primer lugar, las formas en que las estrategias de prevención del crimen adquieren legitimidad entre la población local y, en segundo lugar, los factores que permiten a ciertos actores colectivos (y no otros) posicionarse en la arena pública. Sobre el primer punto, Álvarez, Román y Jesperson encuentran que cuando las funciones desempeñadas por los grupos civiles armados concuerdan con la moral comunitaria, la población local puede legitimarlas mediante cuatro mecanismos: financiamiento, reclutamiento, vinculación con instituciones e interlocución con el gobierno. Respecto al segundo punto, las autoras señalan que la legitimidad también está atravesada por dimensiones de género, clase y acceso a la educación.
Esta breve reseña no hace justicia a la riqueza en el tratamiento de los casos ni a la complejidad de la presentación de los hallazgos. Sin embargo, a manera de cierre vale la pena destacar en dos cuestiones. En primer lugar, la impronta comparativa y interés por ofrecer conocimiento valioso para las propias organizaciones permite identificar algunos problemas comunes entre los casos de estudio: los altos costos y riesgos que cuestionan la sostenibilidad del activismo, la falta de apoyo por parte de instituciones públicas, y la creciente fragmentación y desarticulación entre colectivos. Se requiere mayor investigación empírica para comprender a fondo estos tres fenómenos y proponer posibles soluciones. En segundo lugar, señalar que a lo largo de las páginas las y los lectores encontrarán consideraciones éticas del trabajo con actores colectivos que desarrollan iniciativas de participación para hacer frente a la criminalidad e inseguridad, cuestión del todo relevante para quienes estudian y acompañan experiencias contenciosas en contextos violentos.